Exigen justicia por detención de pobladores ligados a conflicto agrario en la colonia Los Manantiales de Acayucan
Habitantes de la colonia “Los Manantiales”, ubicada cerca de Corral Nuevo, exigieron justicia y la liberación de dos de sus compañeros detenidos por su presunta participación en una agresión contra un mayoral del rancho propiedad del exdiputado local Jaime Mantecón Rojo.
Los detenidos, identificados como José Manuel “N” y Felipe “N”, fueron capturados por agentes de la Policía Ministerial del Estado (PME) por su probable responsabilidad en el delito de homicidio doloso en grado de tentativa, tras una agresión con machete al trabajador del rancho, Carlos Soberano Montero.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), ambos sujetos formarían parte de un grupo señalado por invasión y despojo de terrenos, además de haber cobrado a campesinos por supuestos títulos de propiedad apócrifos. Con estas detenciones, ya son seis las personas vinculadas al proceso penal 39/2025, incluyendo a Joaquín “N”, Constantino “N”, Romeo “N” y Bernabé “N”, este último capturado recientemente en Tijuana, Baja California.
No obstante, desde la versión de los pobladores, los hechos forman parte de una lucha agraria de más de 20 años, donde aseguran haber realizado trámites legales para la regularización de alrededor de 4 mil 800 hectáreas de terrenos que, afirman, son nacionales y actualmente se encuentran en posesión de latifundistas extranjeros.
“Nuestra colonia está registrada, tenemos escuelas, servicios, y documentación que demuestra que estas tierras no están en el Registro Público de la Propiedad. Las escrituras que ellos presentan son apócrifas”, afirmaron los pobladores.
Durante su manifestación, los habitantes lanzaron un grito unánime: “¡No al latifundio de los ricos!”, reclamaron a una sola voz, acusando complicidad entre poder político y terratenientes para mantener en despojo los terrenos en disputa.
También pidieron la intervención directa de la presidenta Claudia Sheinbaum, asegurando que las recientes detenciones fueron arbitrarias, sin citatorio ni debido proceso.
Señalan que se trata de una acción represiva contra quienes exigen justicia agraria.
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